En el año 2002, se promulgó en el Perú la tan esperada ley N° 27783 – Ley de bases de la descentralización, una medida que buscaba empoderar a las regiones y municipios, otorgándoles autonomía y recursos para el desarrollo local. Aunque esta iniciativa fue recibida con entusiasmo y esperanza, es innegable que, tras más de dos décadas de implementación, los resultados no han sido del todo satisfactorios.

La descentralización tenía como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los peruanos, acercar la toma de decisiones al ciudadano de a pie y reducir las brechas de desarrollo entre las distintas regiones del país. Esto se materializó con la creación de los Gobiernos Regionales y Locales. Sin embargo, nos encontramos con una realidad decepcionante: aún existen marcadas desigualdades, tanto en infraestructura como en acceso a servicios básicos, entre zonas urbanas y rurales.

Asimismo, es necesario fortalecer la capacidad técnica y administrativa de los Gobiernos Locales, proporcionando capacitación y recursos para una adecuada planificación y ejecución de proyectos. La colaboración y coordinación entre los distintos niveles de gobierno también son fundamentales para asegurar el éxito de la descentralización.

A dos siglos de independencia, el Perú enfrenta una serie de problemas sociales y económicos que requieren una profunda reflexión, análisis y la cooperación entre Estado y el sector privado. Si bien es cierto, se han logrado avances significativos, aún tenemos desigualdades y carencias, sobre todo en provincia, que exige una mirada crítica y constructiva.

En el ámbito social, el acceso a una educación de calidad es un desafío fundamental. Los distintos gobiernos han hecho sus mejores esfuerzos para reducir la brecha educativa, pero sigue siendo preocupante entre las zonas rurales y urbanas, así como entre las poblaciones de diferentes niveles socioeconómicos. Se debe priorizar una reforma educativa integral que fomente la formación de nuestros jóvenes con una visión crítica y con capacidad creativa para afrontar los retos del siglo XXI.

En el ámbito político, el país enfrenta desafíos relacionados con la corrupción y la falta de transparencia. Es necesario fortalecer las instituciones y garantizar la independencia de los poderes del Estado, promoviendo una cultura de rendición de cuentas y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Una de las causas de falta de efectividad del Estado sobre estos problemas es la ausencia de continuidad en las metas y objetivos que se deben tener claros como políticas de Estado; cada gestión trabaja con base en sus políticas de gobierno.

El dos de octubre, día de las elecciones regionales y municipales en nuestro país, se cometieron graves irregularidades por parte de la ONPE. No colocaron el nombre de nuestro partido Avanza País, ni su logo en la cédula de votación de las elecciones distritales de Lince.

Por respuesta de la propia ONPE, la última actualización del sistema para extraer información que permitiera la impresión de la lista de electores y el acta patrón fue el día 23 de setiembre. Es decir, siete días antes de la impresión de las cédulas de sufragio.

El 3 de octubre, el personero legal de nuestro partido presentó el pedido para anular elecciones en Lince. El mismo fue declarado fundado el 8 de octubre después de que el JEE haya merituado los elementos de convicción presentados por Avanza País de acuerdo a ley.

Aquí lo más importante es defender la democracia. Es momento de conocer quiénes son los verdaderos demócratas a tiempo completo y quiénes lo son solamente a medio tiempo.

El 5 de abril, Lima y Callao amanecieron con la declaración gubernamental de una inmovilización obligatoria, ante el paro transportista y las protestas que venían acarreando en la última semana. El artículo 137, inciso 1, le da la facultad para declarar la medida de inmovilización, sin embargo en este caso es una medida desproporcional, esta medida no está justificada. Por ejemplo, la declaración de cuarentena e inmovilización social con la llegada de la COVID-19 estaba justificada, pues el fin era evitar el contagio de una enfermedad que en ese momento no sabíamos tratarla. El presidente debe entender que él no puede intentar solucionar conflictos sociales inmovilizando a la gente. Esta no es la manera. La manera es el diálogo, ir con los gremios, solucionar los problemas. Esta crisis está siendo provocada por desaciertos del Gobierno.

El derecho a la protesta es un derecho constitucional reconocido, es un mecanismo direccionado al reclamo ciudadano por el cual uno puede salir y ser escuchado, las personas pueden salir libremente a expresar sus opiniones y hacer respetar sus derechos. Sin embargo, este derecho no nos faculta para hacer actos vandálicos, pues son ilícitos y deben ser juzgados como tal, para lo cual la policía ya está haciendo un gran trabajo.

Debe existir una justificación, como la perturbación de la paz o situaciones graves que podrían afectar nuestras vidas. Tenemos un conflicto social sin resolver, lo cual no justifica la medida. Hoy en día los emprendedores que viven del día a día se ven perjudicados, las soluciones en el Perú deben ser globales, para todos los peruanos. Definitivamente, el Gobierno no pensó en todos los peruanos.

En Chile, nuestro país hermano del sur, eligieron los ciudadanos instaurar una Asamblea Constituyente, pero aún hay inflación en el país sureño y las crisis sociales siguen latentes. Por ejemplo, en doce meses el alza de precios está en 7,7 %.

Esto demuestra que una Nueva Constitución no soluciona los problemas prioritarios de una nación, sino instaura un poder ilimitado que rompe con la institucionalidad política.

Hoy se conmemora la fuerza de las mujeres que luchan por un mundo más justo sin imposiciones. Aunque celebremos la vida libre de las féminas, esta fecha es producto de la primera lucha por derechos que traería como consecuencia muchas más durante los años: Pan y Rosas, la marcha en la que las mujeres exigieron aumento salarial y el fin del trabajo infantil.

Al día de hoy, aún las mujeres del mundo cuentan con limitantes que se deben erradicar, como las multas en Irán a las mujeres que manejan sola o van al estadio. Simplemente, ningún humano merece vivir con injusticia.

Yo, como profesional que vela por el cumplimiento de la justicia, me comprometo con las luchas por los derechos, la igualdad y la libertad de las mujeres del mundo. ¡Celebremos la vida de las mujeres libres y la lucha de aquellas que lograrán alcanzar la igualdad!